En medio del debate que ha generado en EE.UU. la ley que suspende la ayuda militar a los países latinoamericanos que han ratificado en sus leyes la autoridad del Tribunal Penal Internacional (TPI), el canciller (S), Alberto van Klaveren, anunció que el gobierno esperará ver cómo se resuelve esa discusión en Washington antes de apurar la tramitación de la reforma constitucional que le concede jurisdicción a esa corte.
Van Klaveren dijo que mantienen la "intención de lograr la aprobación del estatuto de Roma (tratado que concede jurisdicción a TPI) en el Congreso, pero estamos evaluando el mejor momento para hacerlo". El canciller (S) precisó que "esperamos que esto se pueda despejar en EE.UU., porque en el Congreso norteamericano se han manifestado dudas respecto de la política que ha seguido Washington hasta ahora". Agregó que en los próximos meses, "de acuerdo al desenlace de ese debate, nosotros tomaremos las medidas del caso".
Al respecto, la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, dijo que "no es un problema de aplicación de sanciones, es que hay una ley que prohíbe la cooperación militar con los países que ha ratificado la Corte Penal Internacional, entonces, por lo tanto, tiene un efecto en nuestra Defensa", como "en capacitación en transferencia tecnológica". De hecho, en la Fach informaron que esto podría afectar la subvención que da EE.UU. en cursos para pilotos.
La jurisdicción de ese tribunal es rechazada por el gobierno de George Bush que, a cambio, ha pedido a las naciones que han ratificado el TPI firmar acuerdos bilaterales para otorgar inmunidad a sus militares .
Algunos países como Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú no son partidarios de dar una carta especial a las fuerzas estadounidenses. Frente a eso la Casa Blanca decidió suspender sus programas de cooperación en el ámbito de Defensa a esos estados, lo que motivó que La Moneda frenara la tramitación del proyecto en el Congreso para no perjudicar la ayuda e intercambio que existe con el Pentágono.
Sin embargo, esa medida también ha causado preocupación en las FF.AA. estadounidenses, donde por motivos de seguridad e influencia en la región ven como esencial mantener los vínculos con el personal militar latinoamericano. Este punto fue planteado por el jefe del Comando Sur de EE.UU., general Bantz Craddock, en marzo pasado durante una sesión del Senado norteamericano.
Como alternativa al acuerdo que exige Washington, en Chile se ha barajado la posibilidad de adherir, al igual que Argentina, al Tratado del Atlántico Norte (Otán) que reconoce en forma indirecta la inmunidad penal ante cortes internacionales de los efectivos norteamericanos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario