"Los recursos públicos se gastan mal" es una frase que de tanto repetirse adquirió carácter de dogma. Por esto, podría calificarse casi de sacrílega la investigación que nos ubica en sexto lugar en un ranking mundial de eficiencia del sector público, por arriba de Noruega, Reino Unido y Canadá.
"La Reforma del Estado en Chile 1990-2005" es el nombre del estudio que, utilizando metodología sugerida por el Banco Central Europeo, establece que el problema no es de eficiencia, sino que de calidad del gasto público, pues logramos la posición 24 en este parámetro.
La explicación a esta paradoja es que Chile gasta menos que los países industrializados -22% del PIB versus 34% en EE.UU., 36% en Japón y 41% en Nueva Zelanda- y su aparato público es más pequeño, por lo que del dinero invertido es mayor la cantidad que llega a la gente.
Los autores de esta investigación son Mario Waissbluth, académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y miembro del Consejo de Alta Dirección Pública, junto a un grupo de cinco alumnos de magister en Gestión y Políticas Públicas de esta casa de estudios. Entre ellos está Luis Riquelme, analista de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
Falta de voluntad política
En la investigación se complementaron los resultados que arrojaban las frías cifras con encuestas y entrevistas a 54 altas personalidades de los sectores público y privado, entre las que destacan el ex presidente Patricio Aylwin, los ex ministros Jaime Estévez, Javier Etcheberry y Jaime Ravinet, el recién nombrado presidente del Comité de Reforma Previsional, Mario Marcel; el líder de la CPC, Bruno Philippi, y el presidente del CEP, Eliodoro Matte.
La percepción de los entrevistados es que los avances han sido en promedio "modestos" y "heterogéneos". Esto se debería a que se introdujeron las modernizaciones que requerían de acuerdos legislativos o dinero para su realización. En cambio, se postergaron aquellas que significarían entrar en conflicto con el poder judicial, municipios, cúpulas gremiales o los que involucraban elevados desafíos institucionales.
Patricio Aylwin confirmó en su entrevista que la reforma institucional no estuvo entre las prioridades de su gobierno. "Era una preocupación importante, pero no la principal... Lo primero era el tema de los derechos humanos".
La pregunta que surge es si un gobierno como el actual, que estará en el poder tan sólo cuatro años sin posibilidad de reelección, estará dispuesto a pasarse parte importante de su período peleando con trabajadores, empresarios y parlamentarios para llevar adelante
cambios de envergadura.
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